Crecimiento del PIB a una tasa del 5% anual, con recuperación de los sectores de infraestructura y minero-energético a niveles superiores al 6%, y generación de 10.000 millones de USD adicionales en exportaciones.

Nivel de inversión de al menos el 25% del PIB, con garantías de seguridad jurídica y respeto a los contratos.

Atracción de al menos 2.000 millones de dólares anuales en nuevos proyectos de inversión extranjera directa.

Reducción de las tarifas del impuesto de renta empresarial, eliminación del impuesto al patrimonio y reducción del impuesto predial. Simplificación del estatuto tributario y eliminación de trámites innecesarios.

Reducción del déficit fiscal en 50 billones de pesos sin afectar bienes y servicios del Estado, volviendo a una senda de respeto a la regla fiscal.

Refinanciación de la deuda pública con cooperación internacional mediante créditos de largo plazo a través de organismos multilaterales.

Transformación del rol diplomático: embajadores actuarán como agentes comerciales del país con enfoque en exportaciones.

Implementación de la 'Escalera de la Formalidad': reducción del impuesto de renta para pequeños empresarios, registro en Cámaras de Comercio gratuito, INVIMA gratuito y mini régimen simple de tributación.

Dotación de billeteras digitales a trabajadores informales y vendedores ambulantes para generación de historial crediticio y acceso a créditos garantizados por el Estado.

Otorgamiento de líneas de crédito sin trámites a través de casas de agroinsumos y entrega de tierras con proyectos productivos.

Formalización de 3 millones de hectáreas y apertura de 1 millón de nuevas áreas en cultivos y agroindustria con zonas francas rurales.

Inversión de capital semilla promedio de 2 millones de pesos para emprendimientos liderados por mujeres, complementada con crédito blando.

Reducción del gasto de funcionamiento de la rama ejecutiva en un 25% y congelación de órdenes de prestación de servicios (OPS) en un 30%.

Plan Turismo 12M: política de cielos abiertos para vuelos desde Europa y Asia, con meta de 12 millones de visitantes para 2030 y aumento del gasto turístico de 7.000 a 14.000 millones de dólares.

Creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) 24/7 en Presidencia con participación de todas las entidades del sistema, incluyendo alcaldías y gobernaciones, para coordinar la crisis en salud.

Resolución de 10 millones de atenciones represadas en medicamentos, citas y procedimientos en los primeros 100 días de gobierno.

Compras centralizadas transitorias para medicamentos prioritarios.

Pago de la deuda del Estado a prestadores vía titularización, condicionado a la puesta al día en tratamientos represados.

Ajuste de la Unidad por Capitación (UPC) para 2027 según necesidades reales de cada paciente, con énfasis en personas con discapacidades.

Ampliación del programa 'Hospitales Padrinos' para cubrir los 32 departamentos y 8 distritos, con 100.000 atenciones en zonas rurales mediante telemedicina y participación comunitaria.

Inyección de 9 billones de pesos al sistema: 3 billones para suministro de medicamentos y 6 billones para el pago de deudas acumuladas a clínicas, hospitales y EPS.

Recuperación del sistema mixto y solidario de salud para permitir la participación de entidades públicas y privadas.

Mejores condiciones laborales para médicos y enfermeras: pago a tiempo y mejores salarios.

Atención en salud mental: creación de 30 centros de atención, cobertura del 80% de consultas con tamizaje y telemedicina, y equipos psicosociales en colegios de las 16 principales ciudades.

Implementación de la 'Ruta 3E' (Estudiar, Emplearse o Emprender) para garantizar que ningún joven quede sin avanzar.

Libertad de elección para estudiar en colegios de calidad públicos o privados, mediante: PTA 4.0 adaptado a IA; revolución del liderazgo escolar inspirado en el modelo PROMCE; 150.000 bonos educativos para los más vulnerables; 187.000 cupos gratuitos en colegios de calidad en concesión; y 10 supercolegios públicos de excelencia.

Ampliación de jornadas extracurriculares de deporte, música, arte y cultura.

Sistema de incentivos a instituciones educativas y ascenso de docentes por mérito académico, no por antigüedad.

Reforma al ICETEX: los créditos educativos se pagarán únicamente cuando el beneficiario tenga empleo y según su nivel salarial.

Formación de 1 millón de jóvenes en inteligencia artificial y habilidades digitales con cursos gratuitos e internet incluido.

Programas de formación dual desde noveno grado entre Instituciones Técnicas y Tecnológicas (ITT) y empresas para formación en oficios.

Subsidio al primer empleo juvenil: 30% del salario mínimo durante 12 meses para empresas que vinculen jóvenes de 18 a 28 años (40% durante 18 meses en territorios PDET), con prioridad a mujeres jóvenes jefas de hogar, jóvenes en ZOMAC, víctimas del conflicto y jóvenes étnicos.

Rescate de COLFUTURO para financiar maestrías y doctorados en universidades del mundo.

Aumento del gasto en seguridad y defensa en aproximadamente 20 billones de pesos durante el cuatrienio, con el objetivo de alcanzar una inversión cercana al 4% del PIB.

Plan 30-30: incorporación de 30.000 nuevos militares y 30.000 nuevos policías, para consolidar un pie de fuerza de aproximadamente 530.000 hombres.

Modernización tecnológica del sector defensa: uso de drones de última generación y ciberinteligencia.

Acciones de la Fuerza Pública para capturar extorsionistas y militarización estratégica inmediata en vías y regiones con riesgo de secuestro.

Parques y entornos escolares seguros y libres de drogas.

Asfixia financiera a organizaciones ilegales y extinción de dominio exprés, convirtiendo bienes ilícitos en recursos para el Estado y programas sociales.

Sustitución forzosa de cultivos ilícitos industriales con reactivación de la fumigación (sin afectar salud ni ecosistemas) y política de control de precursores químicos. Apoyo al campesino con cultivos lícitos y asociatividad empresarial.

Inteligencia estratégica y reconstrucción de relaciones internacionales en materia de inteligencia y capacidades.

Creación de un marco diferencial para el uso de la fuerza con seguridad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública.

Promoción de una ley que regule la protesta social y castigue el vandalismo.

Solicitud de integración de Colombia en el 'Escudo de las Américas' para combatir el narcotráfico con apoyo tecnológico y de entrenamiento de Estados Unidos, retomando la cooperación basada en el Plan Colombia.

Restauración de 1 millón de hectáreas, frenando la deforestación e incrementando las plantaciones comerciales en 300.000 hectáreas; el 60% de la restauración se concentrará en la Amazonía y el Chocó biogeográfico.

Programa de Familias Guardabosques con pago del Estado, pagos por servicios ambientales e incentivo forestal, con participación de comunidades.

Reforestación comercial prioritaria en valles interandinos, llanos orientales y sabanas de la costa, con fortalecimiento de recursos en FINAGRO para este fin.

Destinación de recursos de regalías generados por la explotación minero-energética al financiamiento del cuidado de la naturaleza.

Fortalecimiento de los Parques Nacionales Naturales y erradicación de grupos ilegales de parques nacionales y áreas de reserva, incluida la Amazonía y el Chocó biogeográfico.

Consolidación de programas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y 16 beneficios tributarios para actividades de conservación.

Aumento de la bioeconomía del 0,8% al 2% del PIB en 4 años.

Restauración de 1 millón de corales en ambos océanos para beneficio de pescadores y comunidades costeras.

Implementación de instrumentos de ordenación y manejo en el 100% de las cuencas priorizadas.

Subsidio a pipetas de gas en zonas con mayor consumo de leña, con meta de que 1 millón de familias dejen de cocinar con leña.

Transformación del rol de las misiones diplomáticas: los embajadores actuarán como agentes comerciales del país, priorizando la venta activa de productos nacionales en el exterior.

Solicitud de integración de Colombia en el 'Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico con apoyo de Estados Unidos. Retoma de cooperación profunda basada en el éxito del Plan Colombia para desmantelar las finanzas del narcoterrorismo.

Mantenimiento de la autonomía operativa total de la Fuerza Pública colombiana en la lucha contra el crimen transnacional, con financiamiento y capacitación internacional.

Establecimiento de relaciones con China bajo principios de libre competencia y beneficio mutuo; evaluación rigurosa del acuerdo de la 'Franja y la Ruta' para garantizar condiciones reales de acceso a los productos colombianos y licitaciones transparentes.

Adopción de una postura de rechazo a dictaduras y regímenes autocráticos, y búsqueda de un rol como aliado fundamental en la reconstrucción de Venezuela.

Reconstrucción y fortalecimiento de relaciones estratégicas internacionales en materia de inteligencia y desarrollo de capacidades.

Principio de 'cero impunidades': promoción de cárcel para los corruptos y extinción de sus bienes.

Fortalecimiento del sistema de justicia penal: fiscales especializados por estructuras criminales; bloqueo total de comunicaciones en establecimientos carcelarios; ley que penalice prácticas dilatorias; endurecimiento de penas para reincidentes; y uso de IA en investigaciones criminales (triaje digital).

Implementación de juzgados itinerantes de respuesta rápida para acercar la justicia a la ciudadanía.

Construcción de 50 nuevas Casas de Justicia en todo el país y brigadas móviles mensuales de justicia en corregimientos y veredas sin presencia judicial permanente.

Creación de 100 juzgados 'una familia, un solo juez' para mujeres víctimas de violencia, con acompañamiento para la construcción de autonomía económica.

Articulación con la Rama Judicial para reducir el índice de congestión del 48,2% al 0%, mediante herramientas de inteligencia artificial.

Construcción de 22.000 cupos penitenciarios y 19.000 cupos carcelarios, con trabajo obligatorio y resocialización.

Ampliación y fortalecimiento del modelo de penitenciarías agropecuarias para resocialización mediante trabajo en la tierra y formación en oficios.

Implementación de contratación pública con trazabilidad en tiempo real mediante blockchain, API abierta a la ciudadanía y herramientas de analítica con IA para detección temprana de irregularidades.

Creación de la figura del 'Guardián de Integridad' en entidades públicas, elegido por los propios funcionarios, como canal de prevención de riesgos.

Establecimiento de un Premio Nacional de Integridad Pública y la cláusula de conciencia para servidores que se nieguen a participar en actos indebidos.