Plantea realizar un ajuste fiscal desde una perspectiva de equidad y participación territorial, respetando la independencia de las instituciones para mantener la confianza de los mercados nacionales e internacionales.

Propone revisar y actualizar la regla fiscal incorporando elementos ambientales, de justicia climática y de equidad territorial.

Propone ajustar el esquema tributario con impuestos saludables y una tasa impositiva ambiental atada al desempeño ambiental, incluyendo la implementación de cupos transables de emisiones.

Propone sustituir la respuesta de emergencia en zonas de conflicto por un plan de desarrollo territorial concertado con las comunidades, aplicable en zonas identificadas como el Chocó.

Propone cambiar la doctrina de la fuerza pública, alejándola del paradigma de 'enemigo interno' y la lucha antiguerrillera, hacia la protección de comunidades y la soberanía territorial frente a grupos de captura de rentas.

Plantea un 'Plan Colombia 2.0' con participación de Estados Unidos para recuperar capacidades de inteligencia y tecnología en materia de seguridad.

Propone fortalecer la fuerza pública con presencia territorial, tecnología avanzada y revisión de doctrina.

Plantea complementar la seguridad tradicional con ofertas de empleo, educación y salud para reducir el reclutamiento por parte de economías ilegales.

Propone establecer una veda temporal para la toma de decisiones de fondo sobre minería y petróleo en la Amazonía y el Andén Pacífico.

Propone que Colombia adopte un rol de estabilidad y mediación con sus países vecinos: Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador y Brasil, priorizando relaciones de estado a estado.

Plantea aprovechar la oferta de mediación de Estados Unidos para gestionar la tensión con Ecuador, y crear mecanismos tripartitos similares al aplicado con Panamá por la crisis migratoria del Darién.

Propone manejar la relación con Estados Unidos bajo el principio del 'no alineamiento activo', garantizando soberanía y autonomía de Colombia sin provocaciones.

Propone combatir la corrupción desde el interior del sistema institucional mediante mecanismos de pesos y contrapesos, e implementar financiación pública de campañas electorales.

Propone aplicar tecnología para reducir la corrupción y digitalizar los trámites del gobierno con la ciudadanía. Menciona que existe un software de la Cancillería sin actualizar desde 2001.

Plantea una reforma política para garantizar representación en el Senado de la República a departamentos que actualmente carecen de ella, como el Chocó y Quindío.