Continuación y profundización del salario mínimo vital como motor del desarrollo social y económico, consolidando el incremento del 37% ya logrado.

Creación de un Banco del Pueblo para que los sectores más empobrecidos accedan directa y rápidamente a recursos financieros, eliminando intermediarios burocráticos.

Persecución de la evasión fiscal sin privilegios ni excepciones, para que el recaudo tributario sea una herramienta efectiva para la equidad.

Reforma del Sistema General de Regalías para garantizar que los recursos provenientes de la explotación minera y petrolera lleguen directamente a las comunidades, articulando seis transformaciones centrales.

Impulso a la economía campesina y popular a través de la compra estatal de producción campesina en municipios en situación de pobreza extrema, conflicto armado o economías ilícitas.

Construcción de centros de acopio, plantas de transformación y redes de comercialización administradas por asociaciones campesinas, para mejorar las condiciones de venta de los productos rurales.

Protección de la reforma laboral y pensional, impidiendo su desmonte, y profundizando reformas que garanticen condiciones dignas de empleo y acceso a pensión para trabajadores de la economía informal.

Reducción progresiva de la dependencia de la extracción petrolera en favor de un modelo apoyado en el consumo de los hogares, la economía popular y la bioeconomía.

Concentración del gasto en grandes programas sociales eliminando intermediación burocrática y clientelismo en la administración pública, bajo el principio de austeridad republicana.

Aplicación de tratamiento tributario preferencial a las empresas que contraten jóvenes certificados por programas de paz, como medida para reducir el homicidio y el reclutamiento.

Avance hacia una reforma a la salud de carácter democrático que revierta la privatización impuesta por la Ley 100 de 1993, que convirtió este derecho fundamental en negocio.

Reforma del sistema de salud orientada a garantizar el acceso universal, con énfasis en la salud mental, la salud emocional y la atención domiciliaria e integral.

Implementación del sistema indígena de salud propio e intercultural (SISPI) para garantizar el acceso de las comunidades indígenas a un sistema de salud que reconozca sus tradiciones.

Destinación de recursos recuperados de la corrupción al sector salud: cuando la corrupción afecte este sector, los recursos recuperados se reinvertirán en él.

Dotación y fortalecimiento del sistema hospitalario con equipos de diagnóstico y tratamiento médico en regiones históricamente excluidas, como La Guajira y el Pacífico.

Acceso a programas especializados de salud física y mental para las víctimas del conflicto armado como parte de la política integral de reparación.

Sistema de salud integral para integrantes de la Fuerza Pública, con monitoreo permanente de salud mental y prevención del suicidio.

Avance en la reforma a la salud para que el sistema responda a la atención positiva, domiciliaria, mental y emocional de toda la población.

Reforma a la educación pública para ampliar su cobertura, calidad e inclusión, con énfasis en que los territorios históricamente excluidos tengan acceso a educación superior.

Fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles, garantizando su presupuesto mediante la ley ya aprobada que lo fortalece, aunque se reconoce que no es suficiente.

Acceso a educación superior en zonas rurales como herramienta para contrarrestar el reclutamiento forzado y el narcotráfico entre los jóvenes.

Gratuidad ampliada en la educación como parte de las reformas sociales ya iniciadas.

Fortalecimiento de la Universidad del Pueblo Wayuu para que los jóvenes de pueblos indígenas puedan educarse en su sistema de conocimiento y visión del mundo.

Incorporación de la historia del conflicto armado, el genocidio y los crímenes contra la humanidad en los textos escolares, con base en el Informe de la Comisión de la Verdad, sentencias judiciales y estudios académicos.

Implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en sus componentes de educación rural.

Educación rural como inversión social prioritaria para prevenir la violencia y el reclutamiento, articulada con los programas Jóvenes en Paz y Servicio Social para la Paz.

Educación para la paz como política de Estado: difusión masiva del Informe de la Comisión de la Verdad y apoyo a museos de memoria.

Implementación de la Política de Seguridad Humana como enfoque central, entendida como la articulación entre política social, eliminación de la pobreza y acción de la Fuerza Pública, no como mano dura o respuesta exclusivamente militar.

Seguimiento presidencial diario a la política de seguridad, con evaluación permanente por departamento, ciudad y municipio.

Articulación de la seguridad a la transformación territorial: los pactos regionales existentes (Cauca, Nariño, Chocó, Catatumbo) incorporarán la seguridad como componente central del desarrollo.

Fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, monitoreo participativo y respuestas integradas para proteger territorios, comunidades y liderazgos sociales.

Reorientación de la Fuerza Pública: fortalecimiento de la infantería de marina para combatir el crimen en los ríos, e inteligencia ambiental para detectar deforestación, minería ilegal y contaminación hídrica.

Estrategia integral contra el homicidio: unificación y fortalecimiento del programa Jóvenes en Paz para cortar el reclutamiento, con presupuesto definido y evaluación continua.

Respuestas tecnológicas contra la extorsión digital hacia comerciantes y pequeños empresarios, ante el incremento del 30% de este delito facilitado por celulares en cárceles y banca virtual.

Cambio de enfoque en la lucha contra el narcotráfico: protección e integración económica del campesinado cocalero, persecución a grandes capos, fortalecimiento de controles en puertos y aeropuertos, y trazabilidad de combustibles y precursores.

Impulso a la legalización regulada del cannabis industrial y la hoja de coca ante el Congreso, transfiriendo el control del mercado de las mafias al Estado y transformando la hoja de coca en oportunidad industrial.

Nivelación salarial progresiva para la Fuerza Pública y una Nueva Ley para Veteranos que amplíe oportunidades de empleo en la vida civil.

Diálogo permanente entre la Fuerza Pública y movimientos sociales, con participación comunitaria en los consejos de seguridad locales.

Transición ecológica con justicia social como eje central, en contraposición al modelo extractivista. Se plantea una economía responsable, sostenible y enfocada en la vida.

Reconocimiento del agua como derecho, no como mercancía, con ordenamiento del territorio rural y urbano en armonía con la riqueza hídrica.

Garantía de acceso a agua potable en cada municipio rural del país, mediante acueductos comunitarios, molinos, jagüeyes y plantas desalinizadoras.

Fomento de sistemas agroecológicos en la Revolución Agraria que protejan la biodiversidad, fortalezcan la economía campesina y aseguren la soberanía alimentaria.

Posicionamiento de Colombia como potencia mundial de la vida: la bioeconomía y la economía productiva y regeneradora como modelo de desarrollo.

Inteligencia Ambiental integrada a las capacidades de la Fuerza Pública para detectar en tiempo real deforestación, minería ilegal y contaminación hídrica.

Respeto y cumplimiento de las consultas populares ambientales contra la minería, con protección a comunidades y liderazgos ambientales.

Justicia ambiental y sanción efectiva para quienes asesinen líderes ambientales y lideresas sociales defensoras del territorio.

Conversión de La Guajira en epicentro nacional de energía eólica y solar, impulsando comunidades energéticas en zonas rurales y periféricas.

Reconversión energética con garantías laborales: que la transición de energías tradicionales a energías limpias no genere desempleo para los trabajadores de la minería.

Nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que rompa el modelo extractivista y construya una economía para la vida, basada en saberes indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Colombia como actor principal de la paz en el mundo: el nuevo gobierno debe contribuir a frenar el curso hacia una tercera guerra mundial.

Oposición decidida al genocidio y a los crímenes contra la humanidad, incluido el respaldo a la posición del gobierno colombiano de ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, y la exigencia de que Netanyahu sea juzgado por la Corte Penal Internacional.

Defensa de la integración latinoamericana y la autonomía frente a la dominación de potencias externas, rechazando el intervencionismo militar y la injerencia en los asuntos internos de los países de la región.

Superación del modelo prohibicionista en la política de drogas: Colombia debe exigir a Estados Unidos una transformación profunda del enfoque, basada en la corresponsabilidad, la salud pública, el desarrollo rural y la justicia social.

Construcción de una política exterior autónoma e integracionista, con perspectiva de largo plazo que ponga los intereses nacionales por encima de los mandatos de Washington.

Promoción de la diplomacia ciudadana: grupos no gubernamentales como interlocutores legítimos en el exterior, con alianzas con la sociedad civil internacional en favor de la paz.

Política migratoria sólida que garantice protección integral a los migrantes y colombianos en el exilio, con exigencia a los Estados receptores de no aplicar tratos discriminatorios o xenófobos.

Política exterior centrada en la dignidad humana y en la atención efectiva de vulneraciones de derechos de colombianos en el exterior.

Creación del Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, con cinco pilares: transparencia y prevención, investigación especializada, juzgamiento eficaz con reparación, presencia territorial y movilización ciudadana.

Creación de una instancia de juzgamiento especial al más alto nivel para los casos de corrupción sistémica, con sentencias que incluyan medidas de reparación integral.

Creación del Fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción, canalizando los bienes expropiados a los corruptos para reparar los daños materiales e inmateriales causados a las víctimas.

Reforma política para eliminar el Consejo Nacional Electoral y poner fin al fraude, la compra de votos y los escrutinios amañados.

Política pública de verdad, justicia y reparación para las más de 10 millones de víctimas registradas, fortaleciendo la reparación colectiva y territorial, más allá de la indemnización individual.

Fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (JEP y otros mecanismos), con coherencia entre órdenes judiciales y acción gubernamental.

Búsqueda de personas desaparecidas como prioridad nacional, con implementación de la Ley de Mujeres Buscadoras y aceleración de la identificación y entrega digna de cuerpos.

Implementación integral del Acuerdo Final de Paz de 2016, buscando prórroga de cuatro años adicionales y asumiendo el período final de implementación.

Desmantelamiento efectivo de grupos paramilitares y sucesores, retomando la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad prevista en el Acuerdo de Paz.

Educación para la paz y la memoria histórica como política de Estado, incorporando la historia del conflicto en los textos escolares con fuentes verificables.

Armonización del sistema de justicia indígena con el sistema de justicia ordinaria y cumplimiento pleno del Convenio 169 de la OIT.

Lucha frontal contra la macrocorrupción en las instituciones de víctimas, con persecución penal implacable a quienes roben, desvíen o manipulen recursos de reparación.