Implementación de una regla fiscal y una regla de crecimiento económico que guíen las decisiones del gobierno; los gastos totales no podrán crecer más que los ingresos del país.

Reducción de la tasa de tributación empresarial de renta en 2 puntos por cada punto adicional de crecimiento del PIB, y cuando la tasa de inversión privada supere el 20% del PIB.

Eliminación de intermediaciones opacas, fondos sin control y contratación pública hecha a la medida de mafias políticas; contratación pública transparente, competitiva y vigilada.

Creación de presupuestos participativos regionales donde la ciudadanía vote y decida la priorización de proyectos de inversión.

Descentralización del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para convertirlo en el Departamento de Planeación Regional (DPR), con tres esquemas diferenciados según el tipo de municipio.

Creación de un Fondo de Convergencia Regional para unificar recursos del presupuesto nacional, cooperación internacional y fondos de inversión dispersos.

Desarrollo de apuestas productivas regionales con inversión pública focalizada y atracción de empresas ancla globales que transfieran tecnología a pymes locales.

Fortalecimiento de clústeres y cadenas productivas con alto potencial en productividad, competitividad y exportación; incentivos y cuotas de contratación para poblaciones vulnerables.

Mejora de micro, pequeñas y medianas empresas con acceso preferente a compras públicas, pago a 30 días, menores costos y subsidios al empleo.

Implementación de un gobierno digital interoperable, con trámites automatizados, pagos integrados, Portal Único Empresarial y transferencias gratuitas con Bre-B.

Implementación de un programa de vías terciarias y secundarias como paquetes de obras atados a concesiones de grandes vías nacionales.

Retomar la exploración de hidrocarburos y realizar pilotos de fracking bajo evidencia científica y riguroso licenciamiento ambiental.

Modelo donde las comunidades sean 'socias' de los proyectos y las empresas ejecuten directamente infraestructura mediante 'obras por impuestos' o participación en utilidades.

Creación de un Sistema Mixto e Integral de Salud que articule servicios de salud, cuidado, salud mental y preventiva, acompañando a las personas en todo su ciclo vital. El sistema será mixto, con gestoras y prestadoras, pero con límites a la integración vertical y auditoría pública rigurosa.

Realización de un nuevo estudio actuarial que refleje la realidad demográfica, epidemiológica y cultural de la población, para construir planes de beneficios explícitos que incorporen salud mental, discapacidad y envejecimiento.

Establecimiento de tablas de precios unificadas por servicios, regiones y poblaciones, con planes de beneficios explícitos para zona urbana, centro poblado y zona rural.

Implementación de un sistema de información unificado, público, interoperable y transparente centrado en el paciente, para reducir costos, tiempos de espera y cerrar espacios a la corrupción.

Permiso para el uso de recursos parafiscales para prestar servicios del sistema nacional de salud, cuidado y protección social para toda la población, regionalizando dichos recursos.

Descentralización efectiva del sistema educativo, implementando incentivos ligados a la calidad y unificando la educación posmedia en un solo sistema que conecte y garantice educación de calidad, empleo o emprendimiento formal.

Transformación curricular participativa que integre competencias del siglo XXI, fortalezca el rol docente con pedagogías innovadoras e incorpore la educación socioemocional.

Universalización del preescolar de tres grados, mejora de infraestructura de sedes oficiales, diseño de un plan especial para educación rural con pertinencia intercultural.

Transformación del SENA para responder a necesidades regionales; unificación del sistema Posmedia en una nueva Agencia Nacional de Educación Posmedia, Trabajo y Emprendimiento.

Programa nacional 'Todos a la U — un millón de becas de educación y trabajo', similar al modelo implementado en Bogotá, adaptado a cada región.

Impulso a la empleabilidad de mujeres, jóvenes y mayores de 50 años con formación para el trabajo y reconversión laboral hacia sectores de alta demanda.

Promoción de un Gran Acuerdo Nacional para que la educación sea el corazón del nuevo contrato social de Colombia.

Propone otorgar un millón de becas a jóvenes colombianos para reducir la emigración laboral hacia el exterior.

Creación de una Fiscalía Antimafia dedicada a desmantelar estructuras del crimen organizado, con mínimas garantías, máximas sanciones y aislamiento indefinido para criminales de mafias hasta que entreguen sus estructuras, armas y riqueza.

Reforma de la justicia en tres niveles: (1) Justicia contra las mafias (Fiscalía Antimafia); (2) Justicia ordinaria para delincuencia común (Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana + Policía Nacional + Fiscalía General); (3) Justicia restaurativa para conflictos sociales, coordinada con alcaldías.

Reforma penitenciaria integral: transformación e integración del INPEC en una gendarmería carcelaria, plan de expansión del sistema carcelario con tecnología y cero corrupción, diferenciando cárceles para cada nivel de justicia.

Transformación de la Procuraduría: destinar sus funcionarios y recursos a fortalecer la Fiscalía Antimafia, la Fiscalía General en los territorios y el Sistema Nacional de Defensoría Pública.

Fortalecimiento del Ministerio de Defensa: ampliación del pie de fuerza de las Fuerzas Militares y de Policía, capacidades operativas, de inteligencia, de combate, con tecnología y cooperación internacional bilateral y con organismos multilaterales como la OTAN y la OTCA.

Rechazo al tratamiento político de las organizaciones criminales post-FARC; estas son caracterizadas como organizaciones criminales transnacionales que se disputan rentas ilícitas y control territorial.

Promoción de la creación de policías locales y sistemas de convivencia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.

Todo el capital ilegal incautado y recuperado será reinvertido en las regiones.

Protección de la Amazonía, los parques naturales y todas las reservas naturales de conservación; reducción de la presión sobre ecosistemas estratégicos.

Reforma urgente del ordenamiento ambiental y los instrumentos de licenciamiento, partiendo de la articulación territorial y el reconocimiento de la diversidad ecológica y social del país, con gobernanza descentralizada y control ciudadano.

Implementación de un mercado robusto de bonos de carbono a nivel global y esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) para financiar la sostenibilidad de la Amazonía.

Defensa de ecosistemas estratégicos: liderazgo regional en las Américas y a nivel global para la protección de la Amazonía, el Pacífico biogeográfico, los mares, la reserva Seaflower y todos los ecosistemas estratégicos.

Gestión del agua como bien común y derecho humano: garantía de acceso universal a agua potable y saneamiento, priorización del uso en actividades de alto impacto, modelo de gestión hídrica que fortalezca la equidad y seguridad hídrica.

Incentivo al reúso y ahorro de agua: reducción de pérdidas y reúso de aguas lluvias y residuales tratadas, creando un mercado regulado que dinamice economías circulares.

Consolidación de corredores biológicos entre los Andes y la Amazonía; planes de restauración ecológica para áreas degradadas con participación comunitaria.

Planes de restauración ecológica para áreas degradadas con financiamiento mixto y revisión de las Zonas de Reserva Forestal para asegurar su uso sostenible.

Ejercer liderazgo político y estratégico en las Américas: defender la democracia, el territorio, las fronteras y la soberanía nacional, así como los ecosistemas estratégicos. Colombia acompañará los esfuerzos para restablecer la democracia y la libertad en Venezuela.

Promoción de la reforma del régimen internacional de drogas: apoyo a la desclasificación del cannabis y la hoja de coca; fortalecimiento de la cooperación internacional para la persecución del crimen organizado y el lavado de activos transnacional.

Impulso a una diplomacia política y económica activa: apertura de mercados para bienes y servicios colombianos, atracción de inversión extranjera directa de calidad y fortalecimiento de intercambios culturales, educativos, científicos y tecnológicos.

Consolidación de una política exterior orientada a la cooperación efectiva: defensa de la democracia, lucha contra el crimen organizado y sus rentas ilícitas, y fortalecimiento de la autonomía estratégica en cadenas de suministro, industria y desarrollo regional.

Recuperar el control, protección e integridad de todo el territorio nacional: transformar las fronteras de periferias de abandono a polos de desarrollo económico e institucional.

Fortalecimiento de la cooperación internacional bilateral y multilateral (OTAN, OTCA) para perseguir el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, los ciberataques y el tráfico de armas.

Reorganización del sistema judicial en tres niveles distintos: (1) Justicia contra las mafias con mínimas garantías y máximas sanciones, liderada por la Fiscalía Antimafia; (2) Justicia ordinaria para delincuencia común, liderada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana; (3) Justicia restaurativa para conflictos sociales y faltas a la convivencia, coordinada con alcaldías.

Creación de la Fiscalía Antimafia con aislamiento indefinido para criminales de mafias del narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado; todo el capital ilegal incautado se reinvertirá en las regiones.

Consolidación del Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana para coordinar los niveles de justicia ordinario y restaurativo, en coordinación con la Fiscalía General, la Policía Nacional y la Rama Judicial.

Retomar el control de las cárceles: reforma penitenciaria integral, transformación del INPEC en una gendarmería carcelaria, régimen legal especial para cárceles que recluyan mafias del crimen organizado.

Transformación de la Procuraduría: redirigir sus funcionarios y recursos hacia la Fiscalía Antimafia, la Fiscalía General en los territorios y el Sistema Nacional de Defensoría Pública.

Contratación pública transparente, competitiva y vigilada, con sanciones ejemplares para corruptos y recuperación efectiva de recursos; fortalecimiento de capacidades de investigación y judicialización de redes corruptas.

Ampliación de rutas de justicia y protección para las mujeres: ampliación de la línea 155, sistemas integrados de información, expansión de comisarías, jueces de familia y casas refugio, y garantía de justicia oportuna para casos de violencia basada en género y feminicidios.