Eliminación de las 32 gobernaciones y creación de 7 regiones autónomas con autonomía presupuestal, sistema fiscal propio y participación directa en impuestos nacionales (SGP y Regalías).

Reducción del Congreso en un 33%, con un ahorro estimado de $450 mil millones de pesos al año.

Fusión de ministerios en 7 superministerios, eliminando el 20% de la burocracia nacional, con un ahorro estimado de $350 mil millones de pesos al año.

Creación del Banco de las MiPymes y la Economía Popular para otorgar créditos rotativos de bajo monto en 48–72 horas, con tasas bajas reguladas, sin trámites excluyentes y evaluación por flujo diario en lugar de historial bancario.

Creación de un bloque de búsqueda contra el 'gota a gota' para desmantelar redes de préstamo ilegal y financiamiento criminal.

Expansión agroindustrial masiva: pasar de 25.000 a 1,5 millones de hectáreas de coco; de 80.000 a 500.000 de aguacate; y de 600.000 a 3 millones de palma de aceite, con construcción de plantas de procesamiento y refinerías en zonas rurales. Meta: 3 millones de empleos directos e indirectos.

Propuesta de seguridad social para 12 millones de trabajadores informales mediante un aporte del 7% sobre un salario mínimo, con cobertura en salud y pensión.

Pensión universal desde los 70 años (65 para campesinos), con monto mínimo 10% por encima de la línea de pobreza monetaria.

Restablecimiento de la mesada 14 para todos los pensionados.

Ajuste de pensiones hasta 3 salarios mínimos indexadas al salario mínimo y no al IPC.

Programa nacional para que conductores de taxi accedan a la propiedad de su vehículo mediante créditos con intereses bajos y sin barreras por historial crediticio.

Monetización de la selva amazónica (48,3 millones de hectáreas) mediante tecnología de medición de huella de carbono y venta de créditos de carbono en mercados internacionales, estimando que puede cubrir al menos el 15% del presupuesto nacional.

Recuperación estimada de $50 billones anuales mediante la lucha anticorrupción con el 'Guardián Digital' y blockchain; ahorro de $32 billones por fusión burocrática; y $450 mil millones por reducción del Congreso. Total estimado: $84,5 billones de pesos al año.

Formalización masiva de la propiedad urbana y rural mediante catastro multipropósito digital, titulación acelerada, legalización de barrios informales y acceso a microcréditos respaldados en propiedad formal.

Estrategia minero-energética con implementación de Reactores Modulares Pequeños (SMR, 50–300 MW), expansión del gas natural, refinación avanzada de petróleo, energía solar y eólica con almacenamiento, e inicio de proyectos de energía geotérmica (meta: 500 MW en 10 años, 1 GW en 2040).

Implementación de un sistema único nacional de historia clínica digital obligatoria, con integración total de EPS, IPS, clínicas y servicio farmacéutico, accesible desde el celular mediante telemedicina.

Obligación de cita médica general en máximo 72 horas y con especialistas en máximo 15 días; si no se cumple, el Estado financia la atención privada y aplica sanciones disciplinarias y pecuniarias.

Eliminación de la función de autorización de servicios a las EPS; estas pasan a ser gestoras de salud preventiva, y el médico recupera la autoridad de decisión clínica.

Recálculo de la UPC (Unidad Per Cápita) con controles tecnológicos e inteligencia artificial.

La Superintendencia de Salud dependerá directamente de la Presidencia de la República.

Compra directa de medicamentos por parte del Estado para reducir costos.

Control del mercado de la salud con IA para garantizar precios justos y salarios adecuados a los operadores.

Despliegue de clínicas móviles con internet satelital para zonas rurales y veredas, con médicos conectados remotamente a especialistas urbanos.

Inclusión de trabajadores informales al sistema contributivo con un aporte del 5% del SMLMV.

Auditoría en tiempo real del gasto en salud mediante IA.

Programa de telemedicina 24/7 en salud mental para la diáspora colombiana, en alianza con universidades.

Seguridad social para colombianos en el exterior con aporte del 5% sobre el salario mínimo, incluyendo telemedicina en salud mental y seguro de repatriación en caso de fallecimiento.

Creación de la Universidad Digital de Colombia con carreras virtuales, certificaciones modulares por bloques y conexión directa con el mercado laboral.

Implementación de un tutor de IA gratuito y personalizado para cada estudiante, que detecta fortalezas y debilidades y adapta el aprendizaje al ritmo individual.

Aprobación de una Ley de Validación de Competencias Reales que reconoce oficialmente habilidades (programación, diseño, liderazgo, marketing, etc.) mediante exámenes prácticos, sin requerir título universitario formal.

Otorgamiento de 100.000 becas-crédito inteligentes en áreas STEM y nuevas economías (gaming, IA, creación digital), con pago condicionado a que el estudiante genere ingresos.

Formación en habilidades digitales desde edades tempranas, en el marco del impulso a los eSports y la economía digital.

Obligación a las universidades de crear bolsas de empleo para egresados y programas de acompañamiento práctico-teórico por 2 años.

Programas de formación continua gratuita y obligatoria para conductores de motocicleta, con incentivos en tarifas de SOAT.

Creación de universidades amazónicas en el marco del desarrollo de la Región Amazonía.

Creación de un Centro C5 (Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia) bajo mando directo de la Presidencia, con uso de Big Data e IA para predicción del crimen, desarticulación de estructuras criminales y optimización de recursos policiales.

Implementación de una app 'Mi Policía' para que ciudadanos reporten crímenes en tiempo real, con respuesta en menos de 5 minutos y seguimiento GPS del patrullero más cercano.

Redestinación del 50% de los escoltas de funcionarios a labores de vigilancia en calles.

Despliegue de sistema de vigilancia 24/7 con drones de alto rango y sensores térmicos en pasos fronterizos ilegales para combatir narcotráfico y contrabando.

Instalación de red nacional de cámaras con IA capaces de reconocer vehículos robados, detectar armas e identificar agresiones, conectadas a una IA central.

Implementación de identidad digital universal inspirada en el modelo de Estonia para rastrear identidades falsas y mejorar investigación criminal.

Sistema de policía predictiva nacional mediante IA que pronostica lugar, tipo y horario de delitos.

Despliegue de drones autónomos de seguridad en barrios con alta criminalidad, zonas rurales y fronteras.

Algoritmo nacional que analiza llamadas telefónicas, redes sociales, transacciones financieras y registros judiciales para mapear redes criminales completas.

Sistema de inteligencia financiera con IA para detectar lavado de dinero, empresas fachada y uso criminal de criptomonedas.

Evolución de 'Mi Policía' hacia una Super-App de Seguridad Ciudadana integrada con WhatsApp, con botón de pánico y alertas en tiempo real.

Sistema de justicia acelerada con IA para clasificar casos, analizar pruebas y reducir tiempos procesales.

Creación del Bloque de Búsqueda contra el 'gota a gota', con participación de GAULA, DIJÍN, Fiscalía, UIAF y Fuerzas Militares, para desmantelar redes de préstamo ilegal y extorsión.

Propuesta de un delito autónomo de 'financiación ilegal coercitiva' (gota a gota).

Monetización de la selva amazónica (48,3 millones de hectáreas) mediante tecnología de medición de huella de carbono y venta de créditos de carbono en mercados internacionales. Se estima que puede cubrir al menos el 15% del presupuesto nacional.

Concesión del despliegue satelital junto con medidores de oxígeno y dispositivos RSID para censar fauna y flora amazónica.

Desarrollo de la Región Amazonía con el eje 'Poder Ambiental Global': programa de guardianes del bosque con pagos por conservación y tokenización ambiental mediante bonos verdes.

Estrategia de energía geotérmica en zonas volcánicas (Macizo del Ruiz, Nariño, Cauca), con meta de 500 MW en 10 años y 1 GW en 2040.

Incorporación de Reactores Modulares Pequeños (SMR) de cero emisiones de CO₂ en operación, con creación de la Agencia Nuclear Colombiana.

Desarrollo de energía solar y eólica integrada con almacenamiento, e hidrógeno verde como vector exportador.

Expansión agroindustrial en palma, coco y aguacate como alternativa a economías ilegales, industrializando el campo.

Sustitución de economías ilegales en la Región Pacífico como parte del eje 'Paz, Puertos y Biodiversidad'.

Incentivos para vehículos eléctricos o sostenibles y uso compartido del vehículo en el marco de la movilidad inteligente.

Posicionamiento de la Región Nororiente (Norte de Santander, Arauca, Santander) como centro geopolítico de integración con Venezuela, con zonas económicas especiales en Cúcuta y Ocaña.

Creación del Pasaporte de Habilidades Extraordinarias para deportistas, artistas, gamers, creadores de contenido e innovadores, con facilitación migratoria internacional y acceso preferencial a visas mediante convenios multilaterales.

Alianzas internacionales en materia nuclear con Francia, Estados Unidos, Corea del Sur y Canadá, y con el OIEA.

Reorganización de la planta consular con base en un censo de la diáspora y adición de 300 cónsules honorarios sin costo para el Estado.

Creación de la Defensoría del Colombiano en el Exterior para proteger derechos humanos y garantizar cumplimiento de tratados internacionales.

Implementación de una app consular con tecnología blockchain para trámites en línea, telemedicina y servicios para los más de 5 millones de colombianos en el exterior, que aportan aproximadamente 12 mil millones de dólares al año.

Seguridad Social sin Fronteras: programa especial para colombianos residentes en el extranjero, con aporte del 5% del salario mínimo y seguro de repatriación.

Posicionamiento de Colombia como potencia ambiental global a través de la venta de créditos de carbono de la Amazonía en mercados internacionales.

Posicionamiento de Colombia como hub latinoamericano de talento digital y creativo mediante alianzas con plataformas globales.

Propuesta de Reestructuración Judicial 360 con cinco reformas: sistema real de partes, derecho penal del autor, reforma penitenciaria estructural, resocialización efectiva y reinserción productiva.

Traslado de la Fiscalía General de la Nación al Ejecutivo como ente acusador con funciones únicamente investigativas, eliminando sus funciones jurisdiccionales.

Establecimiento de un sistema meritocrático dentro de la Fiscalía con nombramientos por méritos y evaluación permanente.

Introducción del Derecho Penal de Autor que sanciona considerando la peligrosidad real del sujeto y establece efecto disuasivo progresivo: la reincidencia incrementa la pena.

Reforma de la justicia penal juvenil para juzgar como adulto cuando exista capacidad de daño.

Transformación del INPEC en fuerza pública especial, con reconocimiento de guardianes penitenciarios como fuerza especializada, régimen disciplinario estricto y garantías laborales para reducir corrupción.

Separación obligatoria entre procesados y condenados en centros distintos para evitar contaminación criminal.

Obligación de trabajo productivo (agrícola, industrial, de servicios o digital) para personas privadas de la libertad, cuyos ingresos se destinen a su manutención, sustento familiar y reparación a víctimas.

Programas estatales de empleo transicional e incentivos tributarios al sector privado para reinserción de ex privados de la libertad.

Reforma funcional a la JEP: establecimiento de plazos máximos de cierre, cronograma definitivo por macrocasos, priorización de máximos responsables, exigencia de verdad plena y verificable, y reparación material real a víctimas.

Creación del 'Guardián Digital': sistema de IA accesible a ciudadanos para vigilar el presupuesto público, reportar funcionarios corruptos, rastrear el voto electoral y calificar a políticos electos, basado en trazabilidad total mediante blockchain.

Transparencia absoluta del financiamiento político mediante registro único público en blockchain; prohibición de donaciones anónimas y en efectivo; sanciones de 20 años de inhabilidad para candidatos con financiación no registrada y multa del 500% para donantes no registrados.

Sistema de justicia acelerada con IA para clasificar casos judiciales, analizar pruebas y reducir tiempos procesales.