Recorte de 20 billones de pesos en gasto público, sin afectar programas sociales prioritarios, distribuidos así: 10 billones en reducción de gastos de personal (eliminación de OPS y contratos políticos), 5 billones en gastos de funcionamiento, 2 billones mediante eliminación o reestructuración de entidades innecesarias (incluyendo revisión del Ministerio del Deporte y el Ministerio de la Igualdad), y 3 billones mediante renegociación de intereses de deuda.

Recuperación de Ecopetrol como generador de ingresos, con la meta de elevar sus utilidades a 20 billones de pesos para 2027.

Lucha contra la evasión fiscal, estimada en 100 billones de pesos según la DIAN, mediante controles y tecnología, sin nuevas reformas tributarias.

Generación de empleo formal mediante políticas que fortalezcan la inversión privada.

Cierre de embajadas creadas para pagar favores políticos y revisión de OPS una por una para eliminar contratos superfluos.

Eliminación de la sobretasa minera impuesta por la reforma tributaria de 2022, para reactivar proyectos en Cesar y La Guajira.

Formalización masiva de pequeños mineros con acceso a tecnologías limpias, trazabilidad digital y asistencia técnica del SENA.

Trazabilidad pública de regalías y auditoría ciudadana para garantizar transparencia en el uso de recursos mineros.

Creación de jueces especializados en materia mineroenergética para resolver controversias con rigor técnico.

Mantenimiento del modelo mixto (público, privado y solidario) que preserve el aseguramiento individual y colectivo como pilar de la seguridad social.

Garantía de acceso oportuno y equitativo a servicios y tratamientos, incluidos los de alto costo, para evitar ruina financiera de las familias.

Creación de un Sistema Unificado de Información Financiera en Salud, homologado entre ADRES, Ministerio de Salud, EPS y organismos de control, para garantizar transparencia y trazabilidad de recursos en tiempo real.

Formalización progresiva de empleos del sector salud, reduciendo la tercerización y fortaleciendo la estabilidad laboral del personal sanitario.

Programas de retención y bienestar para médicos, enfermeras y auxiliares, con acompañamiento psicosocial a través de centros de bioética.

Pago de deudas acumuladas con hospitales, clínicas y proveedores, y revisión técnica del modelo de financiamiento.

Brigadas médico-aeronáuticas permanentes para la Amazonía, con flota, médicos, equipos, cadena de frío y abastecimiento por aire y río.

Hospital de alta complejidad en Leticia mediante alianza público-privada.

Acuerdos con aerolíneas para tarifas sociales de urgencias y prioridad sanitaria en corredores fluviales amazónicos.

Implementación de una Comisión de Historia para revisar los contenidos educativos y garantizar educación sin sesgos ideológicos.

Política de 'día de paro, día no remunerado para impedir que los estudiantes pierdan clases por ceses de actividades docentes.

Fortalecimiento de programas de educación inicial con apoyo nutricional para combatir la desnutrición infantil.

Pruebas Saber censales en grados tercero, quinto, séptimo y noveno para medir el rendimiento académico.

Fortalecimiento de infraestructura educativa (electricidad, conectividad, comedores y baños).

Enseñanza del inglés con profesores nativos mediante metodologías virtuales desde la primaria, e incentivo al aprendizaje de varios idiomas.

Educación multiformato que permita estudiar en ciclos o semestres, de manera presencial o virtual, en instituciones públicas o privadas.

Uso de infraestructura de colegios públicos en las tardes y noches como instituciones técnicas y universidades para ampliar cobertura.

Reforma a ICETEX con financiamiento a bajo costo y facilidades de pago mediante banca multilateral.

Incentivos por calidad para instituciones educativas que mejoren sus resultados académicos.

Contratos de dos años para madres comunitarias para brindar estabilidad laboral, con reconocimiento mediante bono del adulto mayor.

Programas de salud mental para el bienestar emocional de los estudiantes y prohibición del consumo de drogas en espacios públicos cercanos a planteles.

Reactivación de la estrategia de seguridad democrática, adaptada a los retos actuales.

Inversión en equipos, movilidad y tecnología para mejorar la capacidad operativa de la Fuerza Pública, incluyendo helicópteros y tecnología avanzada.

Reincorporación de los mejores miembros de la Fuerza Pública para recuperar su experiencia.

Implementación de una Ley de Seguridad y Defensa para blindar jurídicamente a los uniformados.

Destrucción de laboratorios y control de precursores para la producción de cocaína, y retoma de la aspersión con tecnología de precisión en zonas de alta producción.

Programas de sustitución gradual de cultivos ilícitos por palma, cacao y café.

Ley de orden público que permita el sometimiento de delincuentes sin impunidad, y reducción de espacios de operación del Clan del Golfo, ELN y disidencias FARC.

Cooperación internacional para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Creación de 3 nuevos batallones en zonas estratégicas como el Valle del Cauca, Jamundí y Buenaventura.

Póliza legal para la Fuerza Pública para cubrir gastos de defensa jurídica de policías y militares judicializados por cumplir su deber.

Fortalecimiento de redes de participación ciudadana para la seguridad, con enfoque en barrios vulnerables.

Rechazo total a beneficios político-judiciales para grupos criminales.

Protección de la Amazonía frente a la ocupación de grupos armados, narcotráfico y minería ilegal, con compromiso de hacer cumplir la Constitución.

Aumento del pie de fuerza en la Amazonía con helicópteros, patrullajes fluviales y vigilancia satelital.

Estrategia trinacional con Perú y Brasil para cerrar rutas ilegales y combatir el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de tierras.

Puestos integrados del Estado en municipios y resguardos que combinen salud, educación, justicia, policía y atención social.

Mantenimiento de aeródromos en áreas no municipalizadas y dragado de puntos críticos, más impulso a un puerto trinacional (Colombia-Perú-Brasil) para reducir costos logísticos.

Erradicación del uso de mercurio en la minería, mediante tecnologías limpias y sanciones efectivas.

Cierre de casas de cambio y empresas de papel que blanquean oro sin soporte legal, como medida para frenar la contaminación ambiental asociada a la minería ilegal.

Marco de estándares ambientales exigentes para empresas mineras responsables, con seguridad jurídica.

Alianza estratégica con Estados Unidos para que Colombia sea el primer aliado de EE. UU. en la región, priorizando la lucha conjunta contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.

Restablecimiento de la relación con Israel, basada en transferencia de tecnología, cooperación en defensa y seguridad, e intercambio de conocimiento.

Declaración oficial del régimen de Maduro y el Cartel de los Soles como grupo terrorista y narcotraficante, sumándose a la coalición internacional que apoya a los venezolanos en su lucha por la libertad.

Uso de herramientas diplomáticas para perseguir redes criminales, cortar fuentes de financiamiento del crimen transnacional y fortalecer la cooperación internacional.

Restablecimiento del liderazgo de Colombia en América Latina defendiendo valores democráticos y derechos humanos.

Posicionamiento de Colombia como actor clave en la lucha global contra el narcotráfico y el terrorismo.

Plan Muralla Digital 4.0: implementación de blockchain e inteligencia artificial para garantizar trazabilidad absoluta en la ejecución de recursos públicos y auditoría en tiempo real.

Regla 70-30 en contratación: 70% de la contratación pública por licitación y solo 30% por contratación directa, para limitar la discrecionalidad.

Migración al 100% al SECOP 2 en el primer año de gobierno para mayor trazabilidad y control ciudadano.

Sistema Unificado Anticorrupción: carpeta compartida entre organismos de control para centralizar información, cruzar datos y prevenir fugas de recursos.

Red de cooperantes anticorrupción: red nacional de ciudadanos con incentivos y beneficios para quienes aporten pruebas de corrupción.

Regla 40-40: 40 años de prescripción para delitos de corrupción y 40 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos a condenados por corrupción.

Persecución total al dinero producto de actividades corruptas.

Propuesta de ley de orden público que permita el sometimiento de grupos delincuenciales sin impunidad negociada.

Protección efectiva para víctimas del conflicto y la criminalidad: verdad, reparación y garantías de no repetición.